A instancias de la concejala de Salud de Izquierda Unida, Teodora Muñoz Fernández, se ha presentado un escrito formal exigiendo la retirada de la bandera de España de la puerta de una consulta médica y pidiendo abiertamente sanciones y medidas disciplinarias contra el personal sanitario que la colocó. El «delito» del sanitario: tener puesta la bandera de España en la puerta de la consulta para celebrar la victoria de la selección española en el mundial de fútbol.

Resulta democráticamente incomprensible que a un cargo público le moleste o le genere rechazo la bandera de su país —un símbolo constitucional plenamente amparado por nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1978, en su artículo 4— hasta el extremo de perseguir e intentar coaccionar a un profesional.

Esta actitud inquisitorial choca frontalmente con una doble moral más que evidente: estamos ante los mismos actores políticos que no dudan en sacar la bandera a la calle cuando les conviene electoralmente o se dan golpes en el pecho presumiendo de la victoria de España en el mundial de fútbol.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la bandera de España no es un elemento ilícito ni vulnera por sí sola el deber de neutralidad exigido a los empleados públicos. La potestad disciplinaria está sujeta a rigurosos principios de legalidad, tipicidad y presunción de inocencia, y un médico del Servicio Murciano de Salud (SMS) no puede ni debe ser castigado de forma arbitraria por mostrar el símbolo constitucional de nuestro Estado.

Asimismo, es fundamental recordar los límites institucionales: un concejal del Ayuntamiento puede trasladar quejas ciudadanas o elevar peticiones políticas, pero carece absolutamente de autoridad jerárquica, competencia o potestad disciplinaria sobre el personal sanitario adscrito al SMS.

Todo este señalamiento resulta todavía más sangrante si se analiza con lupa la gestión municipal de la edil, caracterizada por unas prioridades que distan mucho de resolver los problemas reales de los vecinos:

Sueldo duplicado por la puerta de atrás: Se aprobó una subida salarial duplicando lo que percibía su antecesora pasando de percibir 750 a 1.500 euros, blindando así sus retribuciones bajo la justificación de supuestos gastos de gasolina para desplazarse a su puesto de trabajo.

Afines premiados con fondos públicos: En la realización de actos institucionales —como la conmemoración del día LGTBI— la concejala no dudó en destinar pagos en concepto de “Presentación del acto conmemorativo” a personas que formaban parte activa de las listas electorales de Izquierda Unida. (Para eso querían gobernar, para regar las barbas de sus amig@s con dinero público).

Dudoso trabajo en bienestar animal: Ante la alarmante aparición de gatos asesinados en las colonias felinas del municipio e incluso en una balsa cercana a los huertos ecológicos, la respuesta institucional se redujo a la grabación de un vídeo superficial para buscar repercusión en redes sociales, pero seguimos sin saber realmente cómo se van a proteger a los animales y que medidas se van a tomar para que eso no vuelva a suceder.

Se vendieron al mejor postor: Nunca pactaremos con el PSOE, esas fueron sus premisas ante de las elecciones, pero se vendieron por un sillón, por un sueldo. Nunca gobernarían con presuntos “machistas”, y ahí los tenemos, mano a mano.

Dijeron NO al parque de la Cubana: Tengo unos principios, pero si no te gusta, tengo otros. Primero dijeron que no, hicieron videos antes de las elecciones que luego borraron. Era una imposición del socialismo, pero si hay sueldo de por medio, también lo imponemos nosotros.

Con este balance de gestión acumulada, alejada por completo de las verdaderas necesidades del municipio, resulta lamentable que la gran cruzada de la concejala consista en perseguir a un sanitario y exigir expedientes disciplinarios por una bandera.

Los vecinos de Alhama de Murcia y los profesionales que velan cada día por nuestra salud merecen gestores centrados en resolver los verdaderos problemas del pueblo y del sistema, y no políticos empeñados en prohibir los símbolos constitucionales que nos representan a todos.

Menos cacerías ideológicas y mucho más trabajar por el interés general.