Fuente: Psoe Alhama de Murcia

El Ejecutivo aclara que la sentencia sobre el pleno del 11 de enero no implica devolver los salarios, como afirma el PP.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia estudia un recurso de casación al Supremo contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia relativa al pleno celebrado el 11 de enero de 2025, tras la moción de censura que dio paso al actual Ejecutivo.

La resolución revisa el criterio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia, que había desestimado el recurso del PP, y considera que la convocatoria urgente no garantizó tiempo suficiente para preparar la sesión, dejando sin efecto solo tres de los seis puntos de aquel pleno, sin cuestionar las cuantías de las retribuciones aprobadas.

El Gobierno municipal discrepa de esa valoración y defiende que la sesión tenía como finalidad adaptar la organización del Ayuntamiento al cambio de gobierno y regularizar la situación de los responsables que iban a asumir dedicaciones municipales. Tras salir adelante la moción de censura el 8 de enero, las dedicaciones y retribuciones del gobierno saliente de PP y Vox seguían vigentes hasta que el pleno las modificara. Sus concejales habían dejado de gobernar, pero seguían cobrando sus sueldos íntegros sin tener ya responsabilidades.

Además, los miembros del nuevo equipo de Gobierno necesitaban regularizar su situación para poder solicitar excedencia en sus trabajos anteriores e incorporarse de inmediato a la gestión municipal.

El Gobierno señala, además, que las propuestas contaban con los informes técnicos y jurídicos favorables. La controversia del TSJ se centra en la convocatoria urgente y en el tiempo disponible para preparar el pleno, sin embargo la sentencia no declara ilegales las cuantías salariales.

El texto tampoco afecta a la moción de censura ni al nombramiento de Rosa Sánchez como alcaldesa, y excluye expresamente los decretos anteriores de los que únicamente se dio cuenta en aquella sesión.

Desde el 20 de diciembre de 2024, los populares y sus socios de Vox sabían que iban a perder el gobierno y que todos estos trámites se tenían que llevar a cabo, por lo que su recurso solo obedece a una pataleta.

Para el Ejecutivo, el PP ha convertido la judicialización de la política en su principal estrategia de oposición. Tras su desastrosa etapa de 19 meses en el Consistorio, su única misión ha sido llevar la gestión municipal y a sus responsables a los tribunales para mantener a Alhama instalada en un clima permanente de confrontación, con continuas denuncias falsas contra los concejales que han terminado archivadas o desestimadas.

Esta forma de actuar solo persigue embarrar la vida política y evitar que se siga comparando la incapacidad del PP para gestionar frente a un Gobierno de coalición que ha logrado en un tiempo récord que Alhama vuelva a avanzar, recuperando todos los servicios y proyectos que María Cánovas y los suyos habían paralizado y desmantelado.