El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alhama llevó al pleno ordinario de enero (31), cuatro mociones relacionadas con asuntos de gran relevancia para el municipio, ante la inacción del actual equipo de Gobierno, que tras casi ocho meses desde que se iniciara la legislatura sigue en la parálisis total y llevan a nuestro municipio a un evidente retroceso, que ya se nota en prácticamente todos los sectores.
La moción más importante, por su implicación para el futuro de la localidad y por haber sido objeto de confrontación durante la campaña electoral contra el anterior Gobierno, es la reanudación de la fase 1 de las obras de remodelación del parque de La Cubana. No existe justificación legal para mantener la suspensión de los trabajos, lo que nos está costando el dinero a todos los alhameños/as cada día y hace que nuestro Ayuntamiento se enfrente a tener que indemnizar a la contratista por este flagrante incumplimiento del contrato que solo responde al capricho de la alcaldesa del PP, que ha mentido a todos los vecinos y además ha hecho caso omiso a los informes técnicos. Los concejales que se empeñen en seguir manteniendo esta situación, con su voto, quedarán expuestos a toda responsabilidad judicial y penal derivada del mismo.
Una segunda propuesta tiene que ver con la demora en la concesión de ayudas para autoconsumo energético. En 2021 el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobaba la concesión directa de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La dotación para la Región de Murcia fue de 36 millones de euros, para los que se han presentado unas 14.000 solicitudes. A día de hoy solo se han concedido 385, un 2,75% del total, cuando a nivel nacional el porcentaje se sitúa en el 44%, por lo que desde el PSOE instamos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a que agilice de manera urgente la tramitación de los expedientes, tanto en el sector residencial, como industrial. Y también que dote dote con un mayor personal a la dirección general de Industria o incluso, que establezca una entidad propia con el objetivo de gestionar estas subvenciones, como hacen en la Comunidad Valenciana, Navarra o Andalucía.
En tercer lugar, el Grupo Socialista propone la implantación de una planta de biogás, algo que ya se planteó hace una década en una parcela de 14.000 m2 colindante a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), pero que no llegó a materializarse. Hoy la Guerra de Ucrania y la crisis de precios del gas asociada al conflicto bélico han supuesto un revulsivo en el impulso de las instituciones europeas de la generación de gas de origen renovable. Este cambio de paradigma en la política energética y también a los avances en el desarrollo de la tecnología, hace que desde el PSOE apostemos por dar un nuevo impulso que favorezca esta industria ligada a la economía circular en nuestro término municipal. Por ello, solicitamos promover el expediente de concesión administrativa de la citada parcela municipal en el parque industrial Las Salinas para la implantación de una planta de generación de biogás. Así como estudiar la posibilidad de que la empresa adjudicataria de la concesión deba hacerse cargo de los residuos orgánicos recogidos en el quinto contendor (marrón).
Por último solicitamos al Gobierno regional la elaboración y aprobación de una Ley de Financiación Local. La Región de Murcia es la única Comunidad de España que no tiene un sistema autonómico de financiación local. Los gobiernos regionales del PP se niegan sistemáticamente a reconocer este derecho, recogido en el artículo 142 de la Constitución. Esta situación ahoga a los ayuntamientos, los deja desprotegidos y sometidos a la discrecionalidad del partido que gobierna. Algo que desde el Partido Popular vinculan a la financiación autonómica, aunque nada tiene que ver. La realidad es que el Gobierno de López Miras no destina a los municipios el dinero que percibe la Comunidad Autónoma del Gobierno de España, y que en 2024 ha aumentado un 23%, hasta un total de 303 millones de euros que no sabemos a dónde van a parar. Por todo ello, instamos a la CARM a que reparta ese dinero entre los 45 municipios, y a que financie, mientras no asuma, la
totalidad de las competencias impropias en servicios e infraestructuras que están pagando los ayuntamientos a través de sus presupuestos locales.