Articulo de opinión de Eliana Márquez Mo
El pasado mes de marzo, 8,5 millones de alumnas y alumnos abandonaron las aulas precipitadamente.
Faltan 3 semanas para que comience el nuevo curso escolar y como madre sigo tremendamente preocupada por la vuelta a las aulas.
Siento temor ante el riesgo real de que colegios e institutos se conviertan en nuevos focos de rebrotes.
Entiendo que muchas familias sufran la brecha digital, que los alumnos necesiten el apoyo y el contacto social, que los más necesitados suplan sus carencias de alimentación en los comedores escolares.
¿Pero quién va garantizar que en los centros educativos se cumplan las medidas higiénico sanitarias?
¿Cómo se va proceder si un alumno presenta síntomas?
¿Cómo se harán los aislamientos y los rastreos?
¿Cómo se va actuar si hay que cerrar un centro si en él se produce un rebrote?
¿Cómo? ¿Se ira improvisando sobre la marcha?
¿Cómo se respetara la distancia de seguridad?
¿Cómo se harán las entradas y salidas de los centros?
¿Cómo se evitaran las aglomeraciones?
¿Se ampliará el número de aulas, desdoblando clases?
¿Habrá profesorado suficiente?
¿Cómo se controlaran las medidas básicas de distancia e higiene en los comedores escolares?
¿Se combinara la educación presencial y online?
¿Se reforzaran plantillas de profesores, servicio de limpieza y desinfección?
En los centros escolares masificados, ¿cómo se van a reducir el número de alumnos por aulas?
¿Cómo harán las niñas y niños con menos recursos si en su centro hay un rebrote para no quedarse desconectados?
Como madre, a escasas tres semanas de empezar las clases tengo más incertidumbre, preocupaciones y miedos que certezas reales. Y las nuevas medidas lanzadas por nuestra comunidad autónoma vienen a confirmar la falta de previsión y la dejadez continuada a la que ya nos tienen acostumbrados quienes nos gobiernan en la Región de Murcia.
Las comunidades autónomas de nuestro país tienen las competencias en educación y las han cedido a los centros escolares, es decir, equipos directivos y profesorado.
La comunidad educativa no puede, ni debe, asumir tremenda responsabilidad.
En nuestro país, que no se nos olvide, la educación es obligatoria y gratuita, con lo que las administraciones públicas deben adaptar y hacerse cargo de esta nueva realidad.
