Fuente: Ayuntamiento de Alhama

Los técnicos municipales han evaluado un total de 92 propuestas, según el orden de priorización, hasta alcanzar las 30 propuestas de inversiones y 28 propuestas de actividades válidas.

La fase de priorización permitió ordenar las propuestas recibidas antes de su remisión a las distintas concejalías. Este proceso se desarrolló mediante un procedimiento participativo y deliberativo, con la intervención del Grupo de Autorreglamento y de representantes del tejido asociativo local. Las propuestas fueron examinadas y valoradas en mesas de trabajo siguiendo criterios de justicia social y cohesión territorial, puntuados en una escala de uno a cinco. En concreto, se ha tenido en cuenta la capacidad de cada propuesta para beneficiar a la infancia, la juventud, las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, la población migrante, las personas desempleadas y las minorías étnicas.

Asimismo, se valoró si las actuaciones promueven la inclusión, la tolerancia y la interculturalidad, especialmente desde la perspectiva de la vulnerabilidad social. Otros criterios empleados fueron su contribución al fortalecimiento de un tejido ciudadano autónomo, participativo y comprometido; su posible aplicación en el conjunto del municipio; y su capacidad para contribuir a afrontar los procesos de despoblación.

Una vez contabilizadas las puntuaciones, las propuestas se ordenaron de mayor a menor valoración —tal y como figuran en el documento Excel adjunto— para conformar los listados remitidos a la concejalía de Participación Ciudadana y al resto de concejalías del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Tal y como figura en el Autorreglamento, la priorización no supone la aprobación definitiva de las actuaciones, sino la selección de aquellas propuestas que pasaron a la fase de evaluación técnica.

Tras esta fase, las distintas concejalías elaboraron un informe individualizado sobre las propuestas priorizadas (ver documento adjunto). En estos informes se analiza su adecuación a la legalidad, su encaje dentro de las competencias municipales, su viabilidad técnica y su valoración económica. También se comprueba que las actuaciones puedan incorporarse al presupuesto municipal, que no tengan carácter nominativo y que no estén ya contempladas en el presupuesto municipal ordinario vigente.

La evaluación tuvo en cuenta igualmente los límites económicos establecidos en el proceso, fijados en un máximo de 80.000 euros para las propuestas de inversión y de 20.000 euros para las actividades y programas. En el caso de las actividades, se valora también que su ejecución sea finalista, pueda desarrollarse con cargo a un único presupuesto anual y no genere obligaciones de mantenimiento en ejercicios posteriores.

Las propuestas consideradas no viables cuentan igualmente con un informe en el que se explican las razones técnicas, jurídicas, competenciales o económicas que impiden su incorporación al proceso en los términos inicialmente planteados. De este modo, se garantiza que las decisiones adoptadas sean motivadas y transparentes.