Las 7 organizaciones ambientales de la Región de Murcia han trasladado a la Consejería de Medio Ambiente 10 medidas concretas para atajar de forma definitiva la elevada mortalidad por electrocución que padecen las aves rapaces en los tendidos.
Las ONG apuntan a que la adecuada aplicación de la legislación vigente podría resolver el problema en unos 3 años.
Las organizaciones ambientales ANSE, Ecologistas en Acción Región Murciana, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula y Stipa han remitido un extenso informe a la Consejería de Medio Ambiente donde identifican el alcance de la problemática que suponen las electrocuciones de fauna silvestre en la Región y apuestan por una aplicación inmediata de la legislación vigente para revertir la situación de alta siniestralidad de los tendidos.
El Ministerio de Medio Ambiente estima que al año mueren en España más de 30.000 aves por electrocución, si bien algunos autores estiman que esta cifra podría multiplicarse incluso por 10. Es decir, en la Región de Murcia se estaría electrocutando, al año, entre 600 y 6.000 individuos de diferentes especies de aves.
A pesar de la incertidumbre en el número total de ejemplares afectados, resulta evidente que la tasa de mortalidad resulta inasumible y supone la principal causa de muerte en muchas especies, particularmente en aves rapaces protegidas. Estas cifras contrastan con los ingresos declarados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, lo que indica que se trata de una grave problema que está infra-estimado, seguramente sólo se estén registrado el 3 % de los casos.
Ante esta situación, las organizaciones ambientales plantean 10 medidas concretas que permitirían resolver la mortalidad de aves en los tendidos en un corto espacio de tiempo:
- Revisión y corrección de los tendidos ya existentes, especialmente los que atraviesen espacios protegidos y sus entornos.
- Mejora de medios humanos y materiales de los Agentes MedioAmbientales para detectar los tendidos más peligrosos.
- Elaboración de un mapa de puntos negros de electrocución y colisión.
- Evaluación completa de líneas o de tramos extensos para minimizar el número de expedientes a tramitar.
- Traslado de las competencia de los expedientes a funcionarios jurídicos de Disciplina Ambiental estableciendo dos posibles vías en función de titularidad: apertura de expte. sancionador en caso de compañías de suministro e instrucción de modificación para líneas privadas en la primera electrocución (aplicación Ley 26/2007).
- Ilegalidad de los convenios establecidos con las compañías eléctricas para evitar la apertura de exptes. sancionadores (según Oficio de la Sala de la Fiscalía General de Medioambiente del Tribunal Supremo de 29/07/2019).
- Ampliación del ámbito territorial del área de protección de aves frente a la electrocución a todo el territorio de la Región.
- Integración del riesgo de electrocución en las revisiones trianuales de los tendidos por parte de Industria.
- Exigencia de soterramiento de los nuevos tendidos, especialmente los de los nuevos proyectos de los parques solares.
- Aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor económico de cada ejemplar muerto por electrocución.
Con esta serie de medidas las ONG ambientales consideran que los problemas de electrocución podrían resolverse en el plazo de tres años y suponiendo menos del 1 % los beneficios del sector eléctrico. A cambio, se obtendrían enormes beneficios en la conservación de la biodiversidad, minimizando la principal causa de muerte de especies protegidas y amenazadas (particularmente aves rapaces), minimizando los fondos públicos destinados a programas de recuperación y garantizando el bienestar humano a través de los servicios ecosistémicos que desarrolla este grupo (control de daños agrícolas por conejo, evitar proliferación de enfermedades, retirada de cadáveres, regulación de poblaciones de roedores, etc).
