Para cerrar estos días de máxima visibilización del Orgullo, quiero compartir una reflexión sobre lo ocurrido en el Pleno de junio de nuestro Ayuntamiento. Y lo hago porque lo que allí vivimos difícilmente puede calificarse de otra manera que como un ejercicio de hipocresía y de falta de respeto por parte de los representantes del Partido Popular y de VOX.

Comenzaré por las incoherencias del Partido Popular, que, en buena medida, son compartidas por el conjunto de sus representantes. Quizá sea ahí donde se encuentra la contradicción más evidente. Su discurso está envuelto en conceptos aparentemente incuestionables, como la libertad individual, el respeto, la igualdad, el rechazo del odio y la protección frente a cualquier forma de discriminación. Incluso se sitúan en una supuesta centralidad moral al afirmar que “defienden a todas las personas, no ideologías”.

Sin embargo, ese discurso choca de frente con su práctica política cuando necesitan a Vox para gobernar o para aprobar unos presupuestos. Porque no se puede reivindicar el respeto y la inclusión mientras se comparte el poder con quienes recortan, cuestionan o directamente niegan los derechos de esas mismas personas. Eso no es coherencia; es cambiar principios por sillones.

Dicen defender derechos universales, pero pactan con quienes los cuestionan. La concejala Lali Salas afirma que nadie debe vivir con miedo por su orientación sexual o su forma de amar, mientras su socio de ultraderecha ha pedido derogar la Ley LGTBI en la Región de Murcia. El Partido Popular vota en contra para aparentar moderación, pero al mismo tiempo permite que esa ley quede vacía, sin presupuesto ni un desarrollo efectivo.

También dicen rechazar los discursos de odio “vengan de donde vengan”, pero normalizan su presencia en las instituciones al gobernar o negociar con quienes vinculan inmigración e inseguridad y atacan de forma directa al colectivo LGTBIQ+.

Hablan de igualdad y de derechos universales, pero sus decisiones políticas debilitan o eliminan estructuras específicas de igualdad y diversidad, sustituyéndolas por fórmulas que diluyen la protección real, como determinadas concejalías de ‘Familia’.

Los populares sostienen en su discurso que los derechos deben estar por encima de la ideología, mientras los convierten en moneda de cambio, como sucede con la Ley LGTBI en la Región de Murcia, subordinada a las exigencias de Vox.

Denuncian la división, pero siempre establecen la diferencia entre población nacional y migrante, entre derechos “reales” y supuestas “ideologías”, rompiendo precisamente la universalidad que dicen defender.

Acusan a la izquierda de “apropiarse” de determinados colectivos, cuando la realidad es bien distinta. Mientras unos los protegen y defienden sus derechos, otros los recortan o los vacían de contenido.

Además, cuestionan el uso de símbolos como la bandera LGTBIQ+, intentando sustituirlos por otros, como si fueran incompatibles. Los símbolos siguen siendo necesarios mientras exista una discriminación específica. Negarlos no elimina esa realidad, sino que simplemente la invisibiliza.

Apelan a la Constitución como garantía suficiente, ignorando que sin políticas públicas concretas no se combate la discriminación, la violencia ni la exclusión. Y aunque presuman de mantener un diálogo con las asociaciones, es puro maquillaje que no borra sus pactos y políticas que debilitan derechos, desprotegen a quienes más lo necesitan y frenan avances fundamentales.

En cuanto a Vox, sus postulados son claros y sobradamente conocidos. Lo preocupante no es solo que el PP los defienda, sino que ha decidido asumirlos como propios para gobernar. Ambos grupos intentaron proyectar una imagen de moderación y empatía durante sus intervenciones. Sin embargo, recurrieron a la misma estrategia hablando de odio, etiquetas o extremismos para desviar la atención de lo verdaderamente importante, su profunda incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen.

Hoy, más que nunca, hay que decirlo con claridad: no existe la neutralidad cuando están en juego los derechos humanos. O se defienden, o se recortan.

Y frente a quienes pretenden hacernos retroceder, conviene recordar sin rodeos que lo que algunos llaman “consenso” no es más que un paso atrás. Lo que hoy están pactando no es gobernabilidad, sino la antesala de una España en blanco y negro, donde demasiadas personas vivirían de nuevo con miedo. Esa España ya la conocemos, la superamos y no queremos volver a ella.