Los ciudadanos acuden para recibir orientación e información genérica sobre los recursos disponibles para afrontar la situación de ejecución hipotecaria, además de asesoramiento económico-financiero sobre su situación
Se han realizado 120 acciones de intermediación con las entidades financieras y siete mediaciones hipotecarias con el objeto de poder llegar a una solución satisfactoria para la resolución del conflicto
Un total de 330 ciudadanos de la Región, propietarios y avalistas de viviendas hipotecadas que se encuentran en riesgo de desahucio, han recibido información y asesoramiento en el primer año del Servicio Regional de Orientación e Intermediación Hipotecaria, desde donde se han realizado labores de mediación con entidades de crédito al objeto de evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de desahucio del domicilio de las personas afectadas y sus familias.
En el año 2013, 181 personas acudieron al Servicio Regional de Orientación e Intermediación Hipotecaria y en lo que llevamos de este año, 149 ciudadanos se han dirigido al servicio regional.
Así lo recoge un informe relativo a las atenciones prestadas a ciudadanos que se encuentran en una grave situación de necesidad originada por el impago de créditos de carácter hipotecario por parte de este servicio, dependiente de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
Desde su creación en el año 2013, los ciudadanos han acudido para recibir orientación e información genérica sobre los recursos disponibles para afrontar la situación de ejecución hipotecaria, además de asesoramiento económico-financiero sobre su situación particular, analizando las opciones que más le pueden convenir.
También se ofrece la intermediación con las entidades financieras, con el objetivo de que las partes puedan dialogar y clarificar situaciones, y la mediación, proceso a través del cual las partes en conflicto acuerdan iniciar un diálogo tutelado por un tercero, en este caso, el Servicio Regional de Orientación e Intermediación Hipotecaria, con el objeto de poder llegar a una solución satisfactoria para la resolución del conflicto.
Atención al ciudadano
En todas las intervenciones, el personal experto de este servicio ha prestado una orientación que incluye un asesoramiento económico financiero y jurídico propio de los temas. Desde su puesta en funcionamiento se han realizado 120 acciones de intermediación con las entidades financieras y siete mediaciones hipotecarias.
En cuanto al perfil del ciudadano que solicita estas prestaciones, el 90 por ciento de las personas estaban en situación de desempleo o con contratos temporales, y el 10 por ciento restante eran empleados.
Acceso al Servicio de Intermediación Hipotecaria
El Gobierno regional, sensibilizado con los ciudadanos que por dificultades económicas no pueden atender las obligaciones derivadas de préstamos o créditos de sus viviendas, puso en funcionamiento el Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria en 2013 para atender a las familias que se ven implicadas en procesos de ejecución hipotecaria.
Con esta prestación, la Comunidad Autónoma crea una estructura de protección de las familias afectadas por esta situación de vulnerabilidad para evitar, en la medida de lo posible, los supuestos de alzamiento de su vivienda habitual.
Para facilitar esta atención, el Gobierno regional ha impulsado convenios de colaboración con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, el Colegio de Economistas de la Región y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Los solicitantes de este servicio tendrán que acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos y cumplimentar una solicitud en la que se incluirán datos personales del solicitante y datos económicos, así como datos de la situación de la hipoteca.
Uno de los requisitos es que la vivienda hipotecada debe encontrarse en el territorio de la Región de Murcia, ser la única que posee el propietario, quien debe estar empadronado en un municipio de la Región, y que sea su vivienda habitual. Además, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
En los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar debe haber sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, y la cuota hipotecaria tiene que ser superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Asimismo, el precio de adquisición de la vivienda habitual, al que se encuentra referida la hipoteca, tiene que ser inferior a 300.000 euros, entre otros condicionantes.