Flecha hacia arriba

El PP denuncia que la RPT aprobada por el equipo de Gobierno obliga a los técnicos municipales a devolver salarios y exige responsabilidades políticas

El edil popular José Pedro Otón critica la gestión de la ordenanza de vallados y solares y acusa al PSOE de llevarla al pleno “sin diálogo ni trabajo previo”, lo que obligó a retirarla a última hora

El Partido Popular de Alhama de Murcia ha hecho pública su valoración sobre la nueva Relación de Puestos de Trabajo, afirmando que el propio Ayuntamiento ha reconocido la nulidad del documento aprobado en abril por PSOE, Izquierda Unida y Toni Sibina. Según el grupo municipal Popular, esta situación obliga a los técnicos municipales a devolver las retribuciones percibidas desde su aplicación.

En su comunicado, el PP sostiene que es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza en el municipio y afirma que los trabajadores se ven ahora obligados a reintegrar los salarios abonados en virtud de una RPT que consideran inválida. El grupo Popular critica que las nóminas vinculadas a dicha estructura “carecen de cobertura jurídica” y que esta situación se deriva de “un documento presentado sin garantías y con reparos”.

El PP señala que la RPT determina los puestos y retribuciones de los técnicos municipales, que representan un 55% del gasto del Ayuntamiento, y afirma que esta estructura incrementó el gasto en “1 millón de euros” sin los informes necesarios. El grupo municipal asegura que la Administración ha reconocido irregularidades y que debe corregir la situación con efectos retroactivos, lo que exige que los trabajadores devuelvan cantidades que, según el PP, se han visto incrementadas por la ausencia de una solución en los meses previos.

Ante esta situación, el Partido Popular reclama “responsabilidad política y transparencia”, así como la adopción de garantías para evitar que cualquier empleado municipal tenga que asumir consecuencias derivadas de decisiones que, según el PP, se adoptaron sin aval técnico ni seguridad jurídica. El comunicado afirma que esta situación “no es un fallo administrativo sin importancia”, sino parte de “un entramado” que, según mantienen, se impulsó con la intención de “afianzar pactos políticos”.

En ese contexto, el PP solicita la dimisión del concejal Toni Sibina, a quien atribuyen el impulso de la RPT cuestionada, y de la alcaldesa Rosa Sánchez, a la que reprochan haber permitido que saliera adelante “un documento con reparos que no garantiza la seguridad jurídica”. El grupo señala que presentará una denuncia ante los juzgados para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de la elaboración y aprobación de esta estructura municipal.

El PP enmarca esta situación en el proceso político que vivió Alhama meses atrás, sosteniendo que la RPT fue uno de los elementos de fondo de la moción de censura. Según su versión, las decisiones tomadas entonces “por prisas y sin consenso” han derivado en las consecuencias que ahora exponen.

Por otra parte, el concejal popular José Pedro Otón ha valorado lo ocurrido con la ordenanza de vallados, limpieza de solares, adecuación de zonas de cesión y fianzas. Según explica, el Partido Socialista llevó esta propuesta al pleno de noviembre “sin diálogo y sin un trabajo previo suficiente”, lo que llevó a que PSOE se quedara solo en comisiones y a que la ordenanza finalmente fuera retirada antes de su votación.

Otón señala que una norma de este alcance no puede improvisarse, dado que afecta al día a día de numerosos vecinos, y recuerda que durante el periodo en el que asumió el área de Urbanismo se dejó iniciada la revisión normativa para “ordenar lo que lleva años sin regularse” y “dotar al Ayuntamiento de herramientas para actuar con coherencia y seguridad jurídica”.

El edil destaca que, tras la retirada de la ordenanza, se ha celebrado una reunión técnica con explicaciones detalladas y aportaciones de todos los grupos, un procedimiento que, según afirma, “debió haberse seguido desde el primer día”. El PP concluye que continuará trabajando “con rigor y sin improvisaciones” para que las normas municipales se actualicen con claridad y respaldo técnico.

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