La reciente sentencia nº 121/2025 del Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia deja, a juicio del Partido Popular de Alhama de Murcia, “sin margen de interpretación política” lo ocurrido en el Centro de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.Según expone el PP, la Justicia ha declarado “nulo” el despido de una trabajadora social municipal por “vulneración de derechos fundamentales”, concretamente de sus derechos a la igualdad, a la integridad moral y a la tutela judicial efectiva.
La sentencia condena además al Ayuntamiento a la readmisión de la trabajadora, al pago de los salarios dejados de percibir y a una indemnización por daños morales.
Desde el Partido Popular de Alhama de Murcia consideran que, pese a la claridad del fallo judicial, la concejala de Igualdad, Nani Navarro, ha comparecido públicamente intentando “eludir cualquier responsabilidad política”, minimizando los hechos y trasladando un mensaje de “yo no he hecho nada” que, a su juicio, “choca frontalmente” con lo que recoge por escrito una sentencia judicial.
El PP señala que el fallo acredita que la trabajadora fue excluida del servicio CAVI “sin causa objetiva ni motivación razonable”, a pesar de la continuidad del programa y de la existencia de financiación pública específica para su desarrollo.Asimismo, destacan que la sentencia describe un proceso de “aislamiento funcional”, “invisibilización profesional” y un “deterioro de la salud mental” de la trabajadora, consecuencias que el juzgado vincula directamente a la actuación del Ayuntamiento en el ámbito del área de Igualdad.
Según recoge el propio fallo, y subraya el PP, el Ayuntamiento “no supo justificar” la exclusión de una profesional especializada en violencia de género, recurriendo a criterios “generalistas” para un servicio que exige formación y experiencia específica, tal y como ya había advertido el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia.Para el Partido Popular, esta gestión no solo ha supuesto una “vulneración de derechos fundamentales”, sino que tendrá un “coste económico directo” para el municipio, que deberá asumir la indemnización y la reincorporación de la trabajadora despedida de forma irregular.
Desde una concejalía que presume de “compromiso con la igualdad” y de la “protección de las mujeres”, el PP considera que los hechos revisten una gravedad aún mayor. A su juicio, no se trata de una discrepancia política ni de una cuestión administrativa menor, sino de una “condena judicial” por vulneración de derechos fundamentales en un servicio especialmente sensible.Por todo ello, el Partido Popular de Alhama de Murcia exige la “dimisión inmediata” de la concejala Nani Navarro. Consideran que, tras conocerse la sentencia, lo esperable habría sido una comparecencia pública “pidiendo disculpas”, “reconociendo los hechos” y “asumiendo responsabilidades”.
Lejos de ello, afirman, se ha optado por una “huida hacia delante” que traslada el coste “político, económico y moral” de esta gestión al conjunto de los vecinos de Alhama de Murcia.Cuando una sentencia acredita vulneraciones de esta magnitud, concluye el PP, “no basta con echar balones fuera”. La “responsabilidad política” debe asumirse y, en este caso, la única salida “digna” es la dimisión.