Los populares sostienen que la modificación del Reglamento Municipal evidencia falta de voluntad política del gobierno local y denuncian que la discriminación “sigue existiendo” mientras no entre en vigor la reforma definitiva
El Grupo Municipal del Partido Popular en Alhama de Murcia ha valorado la aprobación por unanimidad de la moción de urgencia para iniciar la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que permitirá la participación y el voto telemático de los concejales en circunstancias excepcionales como el embarazo de riesgo, el posparto o la lactancia. Desde el PP consideran que el acuerdo plenario “desmonta definitivamente” el argumento sostenido hasta ahora por el equipo de gobierno y evidencia que la medida dependía únicamente de la voluntad política.
La concejala popular Miriam Díaz ha calificado lo ocurrido como “un paso histórico contra la discriminación”, subrayando que “el Pleno ha tenido que reconocer lo evidente: la modificación del Reglamento es posible”. Díaz ha recordado que esta posibilidad fue solicitada previamente por registro y rechazada “con un no rotundo por escrito”, una negativa que, a su juicio, situó a una mujer “en una clara desigualdad respecto a sus compañeros”. Aunque la moción ha salido adelante, advierte de que “mientras no se tramite, no se apruebe definitivamente y no entre en vigor, la discriminación sigue existiendo de facto”, responsabilidad que atribuye al gobierno municipal encabezado por Rosa Sánchez. La edil también ha señalado que se están valorando acciones legales ante la falta de soluciones durante estos meses y ha agradecido el respaldo de su grupo “por apoyar no solo una reivindicación política, sino una realidad muy dura que afecta a muchas mujeres”.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del PP, María Cánovas, quien ha recalcado que la moción tenía “un objetivo muy claro: garantizar la participación política de las mujeres embarazadas, en riesgo, en posparto o en periodo de lactancia”. Cánovas ha insistido en que el reglamento vigente no lo permitía y ha recordado que la solicitud presentada en septiembre por su compañera fue denegada por el PSOE, Izquierda Unida y Toni Sibina. Según la edil popular, durante semanas se sostuvo que la modificación no era competencia municipal, algo que “ayer terminaron reconociendo en el Pleno que no era cierto”. Cánovas ha advertido además de que lo aprobado es solo el inicio del procedimiento y ha expresado su esperanza de que la reforma completa se apruebe en enero “por responsabilidad y por justicia con las mujeres”.
También la concejala popular Lali Salas ha intervenido para reprochar al equipo de gobierno lo que considera una actitud hipócrita. Salas ha recordado que ya denunció esta situación durante el debate del 25N y que entonces fue “desacreditada y ridiculizada” por afirmar que la ley sí permitía el voto telemático. “Hemos demostrado, con la ley en la mano y con ejemplos de otros municipios, que es posible”, ha afirmado, añadiendo que la aprobación de la moción confirma sus argumentos. A su juicio, con esta decisión “queda claro que PSOE, IU y Sibina están más preocupados por su ideología que por solucionar problemas reales”, y ha defendido que “gracias al PP, una mujer podrá ser madre y concejala”.
Por otro lado, el Partido Popular ha aprovechado para cargar contra el gobierno municipal por llevar de nuevo a Pleno una subida del contrato de basura y limpieza, que califican como “el más caro de la historia de Alhama, con más de 24 millones de euros”. Desde el PP denuncian que, pese a los informes técnicos que recogen incumplimientos del contrato por parte de la empresa adjudicataria, el Ejecutivo local haya optado por incrementar el coste y ampliar servicios. “Mientras los contenedores se desbordan y los vecinos sufren un servicio deficiente, el gobierno municipal mira hacia otro lado y paga más”, señalan, asegurando que no se han impuesto sanciones ni exigido el cumplimiento del contrato. El Grupo Popular afirma que no será “cómplice de este abuso” y que seguirá defendiendo “el dinero de los vecinos y el cumplimiento de los contratos públicos”.