Antonio García Martínez, concejal de Educación (IU), miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ha expresado su rechazo a la decisión de la Consejería de Educación de la Región de Murcia de suspender provisionalmente las matrículas de honor en 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato.
Según ha señalado, esta medida afecta a cientos de estudiantes que han trabajado con esfuerzo para obtener ese reconocimiento, que no solo tiene valor simbólico, sino que, especialmente al finalizar Bachillerato, representa una ayuda económica concreta como la exención del pago de la matrícula universitaria.
El conflicto tiene su origen en una orden publicada por la Consejería en julio del año pasado, en la que se incluía la asignatura de Religión en el cálculo de la nota media del expediente académico para optar a estas distinciones. Se trata de una asignatura de elección voluntaria, sin alternativa evaluable para el alumnado que decide no cursarla, lo que genera una desigualdad evidente entre estudiantes.
La situación fue denunciada por el sindicato STERM-Intersindical y por varias familias, al considerar que se vulneraba el principio de equidad. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia les dio la razón y dictó medidas cautelares que suspendían los artículos de la orden que introducían esa modificación.
Sin embargo, en lugar de aplicar la resolución del tribunal excluyendo la nota de Religión del cómputo, la Consejería decidió suspender la concesión de todas las matrículas de honor en la ESO y Bachillerato, una medida que, según García Martínez, no solo es innecesaria, sino profundamente injusta.
“El alumnado está siendo penalizado por un problema técnico y administrativo. No podemos permitir que su esfuerzo quede sin reconocimiento porque no hemos sabido gestionar este procedimiento con sensibilidad y justicia”, ha afirmado el concejal.
García Martínez considera que las matrículas de honor son un estímulo importante para el alumnado, tanto por el reconocimiento académico como por el alivio económico que suponen para muchas familias. Y añade: “Suspenderlas sin necesidad mina la confianza en el sistema, en los centros y en las instituciones que deberían velar por ellos”.
Desde su responsabilidad institucional, ha hecho un llamamiento a la Consejería de Educación para que reconsidere su decisión, aplique de forma proporcionada las medidas cautelares y restablezca un sistema que garantice la equidad en el reconocimiento del mérito académico. “Defender la educación pública también es defender la igualdad de oportunidades, y eso empieza por escuchar al alumnado y proteger sus derechos”.
El concejal ha concluido subrayando la necesidad de actuar con sentido común y con verdadero compromiso hacia el estudiantado: “En momentos como este, necesitamos menos confrontación ideológica y más compromiso con quienes más merecen que no les fallemos: nuestros estudiantes”.