El concejal socialista afirma que varias adjudicaciones rubricadas el 8 de enero de 2025 causaron un grave perjuicio económico a los vecinos de Alhama y podrían derivar en responsabilidades judiciales
Antonio José Caja denuncia contratos “irregulares y vergonzantes” firmados por el anterior gobierno del PP el día de la moción de censura
El concejal socialista asegura que algunas adjudicaciones, rubricadas el 8 de enero de 2025, supusieron un grave perjuicio económico y podrían derivar en responsabilidades judiciales
El concejal del Grupo Municipal Socialista, Antonio José Caja, ha informado este jueves de la existencia de varios contratos y decretos de alcaldía que ha calificado como “irregulares y vergonzantes”, firmados por el anterior gobierno del Partido Popular en su último día al frente del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y de los que se dará cuenta en el Pleno municipal celebrado hoy.
Caja ha explicado que estos contratos fueron rubricados el pasado 8 de enero de 2025, apenas unas horas antes de que el PP perdiera la alcaldía tras la moción de censura, y que algunos de ellos contaban con reparos del interventor municipal que posteriormente han tenido que ser levantados. Según ha denunciado, estas decisiones han supuesto un importante perjuicio económico para los vecinos y vecinas del municipio.
Entre los casos más graves, el concejal socialista ha señalado la compra de una pantalla publicitaria por valor de 15.000 euros, situada en el centro urbano y adquirida a un exconcejal del Partido Popular el mismo día de la moción de censura. Se trata de un elemento que era de titularidad privada y por el que, desde 2011, la empresa propietaria abonaba una tasa al Ayuntamiento por ocupación de la vía pública. Además, durante el año 2024, el Consistorio llegó a pagar la explotación publicitaria de esa misma pantalla, sin que, según Caja, exista justificación alguna de su interés público.
“El último día de gobierno del PP se firmó un contrato totalmente innecesario, sin documentos técnicos que lo avalen y con un único informe de una persona de confianza de la alcaldesa, que también fue cesada ese mismo día”, ha afirmado el concejal socialista, recordando además que esta pantalla ya fue objeto de polémica durante la campaña electoral por su uso para promocionar a la candidata del Partido Popular.
El PSOE de Alhama también ha denunciado la existencia de facturas por miles de euros destinadas, según los informes de Intervención, a la promoción personal de la entonces alcaldesa, María Cánovas, en medios de comunicación locales y regionales. Caja ha subrayado que dichos contratos no respondían a campañas de publicidad institucional ni al interés general, sino exclusivamente a la proyección personal de la exalcaldesa.
Otro de los ejemplos expuestos ha sido el encargo de un nuevo diseño para la remodelación de la Plaza de la Constitución, con un coste de 18.000 euros, después de que el anterior gobierno paralizara un proyecto previo que contaba con todos los informes técnicos favorables. Esta decisión obligó, además, a indemnizar a la empresa adjudicataria del proyecto inicial, para posteriormente encargar un nuevo diseño que Caja ha atribuido a un “puro capricho político”.
A estos hechos se suman contratos de publicidad vinculados a personas del entorno de máxima confianza de la anterior alcaldesa, incluyendo adjudicaciones relacionadas con la pareja de la jefa de gabinete, vinculadas a una revista que ambos dirigían, y que también fueron objeto de reparos por parte de Intervención.
El concejal socialista ha explicado que el actual equipo de Gobierno se ha negado a firmar estas facturas, lo que ha obligado a levantar reparos suspensivos del interventor para poder cerrar los expedientes. “Nos parece una absoluta desfachatez que los alhameños tengan que pagar ahora los favores, los caprichos y el mangoneo institucional del anterior gobierno del Partido Popular”, ha señalado.
Caja ha anunciado, además, que el PSOE de Alhama ha puesto varios de estos contratos en conocimiento de sus servicios jurídicos y que ya se han iniciado las acciones oportunas ante los tribunales y la Fiscalía, al considerar que algunos de los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos, algo que, según ha indicado, deberán dirimir los jueces.
“No nos quedamos solo en la denuncia política. Somos un partido serio y de gobierno. Durante los 19 meses en la oposición realizamos una fiscalización rigurosa y ahora, desde el gobierno, seguimos actuando con responsabilidad y transparencia”, ha concluido el concejal, subrayando que estos gastos injustificados “son dinero que se ha dejado de destinar a mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Alhama de Murcia”.