El Consejo de Gobierno ha acordado la tramitación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 316/ 2026, de 14 de abril, que introduce un procedimiento extraordinario de regulación de personas extranjeras en situación irregular.

El Ejecutivo regional considera que se trata de una disposición de carácter general que atenta contra los intereses generales de la Comunidad, por cuanto incide en su ámbito competencial, y en concreto, en materia de asistencia social e integración de estas personas.

Igualmente, otro de los motivos es la vulneración del principio de autonomía financiera, pues ampliar el acceso a autorizaciones de residencia conlleva un incremento del número de personas potencialmente destinatarias de prestaciones, cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma, sin que se haya previsto un incremento de financiación que permita cubrir ese aumento del gasto. 

Asimismo, considera que el Real Decreto vulnera el principio de lealtad institucional y que va en contra de la Directiva de la Unión Europea que reserva la regularización a supuestos excepcionales debidamente motivados y limitados. 

Otro motivo es que su aplicación puede generar inseguridad jurídica y efectos negativos para el mercado laboral y para las empresas de la Región, especialmente en los casos vinculados a autorizaciones de residencia por arraigo. En concreto, se considera que la normativa no garantiza mecanismos claros de información a los empleadores afectados y podría derivar en sanciones o responsabilidades para empresas que contrataron o actuaron conforme a la legalidad y de buena fe.