Fuente: Psoe de Alhama de Murcia

Una nueva sentencia declara nula de pleno derecho la sanción impuesta a Bartolomé Acosta durante el gobierno del PP y Vox, por vulnerar sus derechos fundamentales de defensa y presunción de inocencia. El juez califica su actuación de «auténticamente heroica» y condena al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales.

La Justicia ha vuelto a dejar en evidencia la gestión de María Cánovas y Miriam Díaz al frente del Ayuntamiento. Una nueva sentencia, dictada el pasado 13 de octubre por el Tribunal de Instancia de Murcia, anula de pleno derecho la sanción impuesta al voluntario de Protección Civil Bartolomé Acosta Plazas por socorrer a una persona gravemente herida en un accidente de tráfico.

Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Felipe García, esta resolución constituye «uno de los ejemplos más escandalosos de la forma de gobernar del anterior ejecutivo del Partido Popular y Vox». Y añade, «lo que cualquier gobierno con un mínimo de humanidad habría reconocido como un acto ejemplar de solidaridad, María Cánovas y Miriam Díaz lo convirtieron en un expediente disciplinario y un castigo de treinta días. Una decisión que demuestra una concepción profundamente retorcida y autoritaria del poder».

La sentencia número 218/2026 no se limita a anular aquella sanción. El magistrado declara que el Ayuntamiento vulneró los derechos fundamentales de defensa y presunción de inocencia del voluntario, que se le denegaron pruebas relevantes para defenderse y que la Administración no acreditó suficientemente la infracción que pretendía castigar.

El juez califica la intervención de Bartolomé Acosta de «auténticamente heroica» y considera extraordinariamente paradójico que quien acudió a socorrer a una persona cuya vida corría peligro terminara sancionado por ello.

De salvar una vida a sufrir un expediente disciplinario

Los hechos se remontan al 26 de febrero de 2024, cuando se produjo un grave accidente entre una motocicleta y un turismo en las inmediaciones de la avenida Sierra Espuña y la calle Molino. Bartolomé Acosta, voluntario de Protección Civil, acudió inmediatamente a auxiliar al motorista gravemente herido y posteriormente colaboró con agentes de la Policía Local para garantizar la seguridad y ordenar el tráfico. Una intervención que el propio accidentado reconoció durante el juicio.

Sin embargo, meses después, el gobierno municipal del Partido Popular y Vox decidió sancionar al voluntario por la supuesta utilización de un chaleco identificativo de Protección Civil fuera de los actos propios del servicio.

«Mientras Bartolomé Acosta se preocupaba por salvar una vida, María Cánovas y su gobierno terminaron preocupándose por castigarlo por un chaleco cuya utilización en las circunstancias sancionadas ni siquiera consiguieron acreditar suficientemente», lamenta el edil socialista.

El magistrado subraya, además, que Acosta actuó por la necesidad inmediata de auxiliar al herido, no para atribuirse funciones públicas.

No solo lo sancionaron, también vulneraron su derecho a defenderse

Durante la tramitación del expediente, la defensa de Bartolomé Acosta solicitó declaraciones de testigos presenciales, documentación policial y aclaraciones sobre el origen, la fecha y la autoría de una fotografía utilizada como prueba. Sin embargo, la Administración rechazó diligencias relevantes argumentando que los hechos ya estaban suficientemente acreditados.

El magistrado desmonta esa justificación y considera que se incurrió en un «razonamiento circular», al utilizar precisamente las pruebas que se pretendían contrastar como argumento para impedir que fueran cuestionadas.

La sentencia llega a advertir que no resulta correcto confundir el ejercicio insistente del derecho de defensa con una conducta obstructiva.

Para Felipe García, «lo más grave es que no estamos no estamos ante un simple error administrativo, sino ante la vulneración de derechos constitucionales que retrata la forma despótica en que se ejercía el poder durante aquellos diecinueve meses de desgobierno».

El resultado es inequívoco, declara la nulidad de pleno derecho de los decretos municipales, la eliminación de las consecuencias desfavorables de la sanción y condena al Ayuntamiento de Alhama al pago de las costas procesales.

Una cadena de varapalos judiciales que retrata una forma despótica de gobernar

Este nuevo revés judicial se suma a otras resoluciones que han puesto en evidencia la gestión de Protección Civil durante el mandato de María Cánovas.

En diciembre de 2025, la Audiencia Provincial de Murcia confirmó una condena por un delito leve de lesiones al entonces jefe de la Agrupación, José Morales, por los incidentes ocurridos en la Casa de la Cultura durante unas jornadas de Protección Civil. Aquel episodio, en el que también resultó condenado Bartolomé Acosta, reflejó hasta qué punto se había deteriorado la convivencia interna.

En enero de 2026, otra sentencia anuló una multa de 601 euros impuesta a Bartolomé Acosta, al apreciar vulneración de su derecho de defensa durante la tramitación del procedimiento sancionador.

En junio de 2026, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Murcia declaró nula la expulsión del excoordinador Luis Reina Marchán, al habérsele impedido practicar pruebas pertinentes para su defensa, y ordenó su restitución en la Agrupación.

«Ya no pueden seguir hablando de casualidades, de malentendidos o de errores puntuales. Estamos ante una sucesión de resoluciones judiciales que han ido desmontando las decisiones adoptadas durante el gobierno de María Cánovas», sostiene el concejal socialista.

Felipe García ha recordado que el PSOE denunció públicamente estos hechos durante el gobierno del PP y volvió a exigir responsabilidades el pasado 7 de julio. «Nos acusaron de exagerar, de mentir y de hacer política con estos conflictos. Pero ahora son los propios jueces quienes están anulando aquellos expedientes. María Cánovas tendrá que explicar por qué tantas de sus decisiones han terminado siendo corregidas y sancionadas por la Justicia».

El coste de las cacicadas lo pagan los vecinos

La sentencia también impone las costas judiciales al Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Una circunstancia que Felipe García considera especialmente indignante: «María Cánovas y Miriam Díaz tomaron las decisiones, su gobierno impulsó los expedientes y ahora somos todos los alhameños quienes tenemos que pagar las consecuencias económicas. La soberbia política de estas dos señoras nos sigue costando dinero».

María Cánovas y Miriam Díaz deben pedir perdón y dimitir

Finalmente, Felipe García ha exigido la dimisión de la exregidora y su compañera, a quienes considera moral y políticamente inhabilitadas para continuar ejerciendo sus funciones como concejalas. «Si a Cánovas y a Díaz les queda un mínimo de dignidad política, tienen que pedir perdón a Bartolomé Acosta, a Luis Reina, a todos los voluntarios afectados y a los 25.000 vecinos y vecinas de Alhama. Deben dar la cara, disculparse públicamente, entregar sus actas y marcharse a su casa. Alhama no se merece esta forma despótica y caciquil de hacer política. La Justicia ya ha puesto las cosas en su sitio; ahora les corresponde a ellas asumir las consecuencias políticas de sus actos», ha concluido el portavoz socialista.